El gobierno venezolano estaría buscando “influir” en el cambio de Colombia, según un documento de cinco páginas elaborado en ese país para analizar las elecciones presidenciales de mayo próximo y las estrategias que se utilizarían frente a los distintos candidatos colombianos.
El texto, difundido por el diario bogotano El Tiempo, integraría el documento que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, aseguró esta semana tener como prueba de la presunta injerencia de gobiernos extranjeros en las elecciones parlamentarias de este domingo y las presidenciales del próximo 30 de mayo en su país.
El documento titulado “Hoja de ruta 2010. Relaciones bilaterales Colombia -Venezuela”, según El Tiempo, “circuló en la Dirección de Inteligencia militar de Caracas”, informó DPA.
La publicación, difundida en Colombia a escasas horas de los comicios parlamentarios que se celebran mañana domingo, habla de “abrir o profundizar canales de diálogo” con varios sectores políticos, entre los que están “sindicatos, movimientos indígenas y de derechos humanos”.
Asimismo, analiza el nuevo convenio de seguridad que Colombia concretó en octubre pasado con Estados Unidos, que permitirá, entre otros, que militares estadounidenses tengan acceso a al menos siete bases castrenses colombianas, un hecho que no fue bien visto por el gobierno Venezolano.
La nueva alianza entre Bogotá y Washington fue considerada por Caracas como una amenaza para su soberanía y por ello el presidente venezolano, Hugo Chávez, determinó congelar las relaciones con Colombia desde mediados del año anterior.
“El gobierno (así como la oligarquía y el llamado establecimiento) colombiano parece no tener intención de modificar sus decisiones en materia de colaboración militar con Estados Unidos”, señala.
“Antes bien, parece inmerso en un curso de acción de entrega a intereses estadounidenses que solo cambiaría con la llegada de un gobierno -progresista o revolucionario- y un bloque histórico de poder diferentes”, agrega.
Según el escrito, los cónsules venezolanos “están jugando un papel clave” en la recolección de información para la estrategia y habla de dos reuniones, una en diciembre en Caracas y la otra en febrero pasado en Táchira, a las que asistieron ministros y altos mandos militares del gobierno venezolano.
En esa reunión, agregó el informe de El Tiempo, los cónsules de Venezuela en Colombia recibieron instrucciones como la de “estar atentos, escuchar, informar… Reducir las actuaciones, con discreción y sin que se den negativas directamente. La idea es que la población colombiana sienta que la decisión sobre las bases estadounidenses tiene consecuencias”.
El texto venezolano al parecer fue el que recibió esta semana en reiteradas ocasiones el rechazo de Uribe, quien señaló que los colombianos “no pueden dejar que desde el extranjero se les presione para elegir un candidato presidencial”.
“Yo tengo el documento en mis manos, por eso asumo la responsabilidad de denunciarlo ante los colombianos y ante la opinión internacional, y de pedirle al país que no permitamos que gobiernos extranjeros veten a nuestros candidatos, ni impongan candidatos a la presidencia de Colombia”, manifestó.
Según el gobierno colombiano, desde “un gobierno extranjero” se estaría apoyando la candidatura de un aspirante a la presidencia y de dos candidatos a las elecciones parlamentarias de este domingo.
Al conocer la denuncia de Uribe, el aspirante por el opositor Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro, cuestionó que algunos candidatos de su movimiento en zonas fronterizas hayan pedido apoyo a autoridades venezolanas.
El aspirante, uno de los más críticos de Uribe, dijo que estos hechos no tiene el aval de la dirección de su partido.
Sobre las denuncias, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marco Hincapié, recordó que la Constitución prohíbe la financiación de campañas electorales en Colombia con dinero procedente del exterior y anunció una investigación por las denuncias del gobierno.
Asimismo, manifestó que de comprobarse el hecho los partidos y candidatos pueden ser sancionados con multas o la pérdida de la investidura política y del reconocimiento jurídico.
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