El Plan de Rescate de Tierras que implementó Chávez intervino 31 campos bajo la excusa de baja productividad. Entre ellos, el del ex candidato presidencial opositor Manuel Rosales. Declaran brutalidad en el accionar
El gobierno intervino ayer con el apoyo de militares y policías 31 campos privados que suman 19.752 hectáreas en cinco estados, alegando que poseen dudosa titularidad y que se encuentran “ociosos”.
El ministro de Agricultura, Elías Jaua, dijo ayer a la prensa que el gobierno intervino 31 predios como parte del “Plan de Rescate de Tierras”, e insistió en que la medida se realizó apegada a la ley, aunque propietarios y dirigentes empresariales criticaron la acción.
Jaua indicó que en los estados suroccidentales de Táchira, Mérida, Trujillo y Barinas fueron intervenidos 22 predios, de unas 13.761 hectáreas, mientras que en el estado central de Guárico fueron tomados nueve lotes de terrenos de 5.991 hectáreas.
Entre las propiedades intervenidas figura una finca del ex alcalde opositor de Maracaibo y ex candidato presidencial, Manuel Rosales, quien se encuentra desde abril asilado en Perú. El dirigente opositor, quien tiene un proceso judicial pendiente por enriquecimiento ilícito, huyó del país alegando que es un perseguido político y que su vida corría peligro.
El ministro expresó que como parte del proceso, los ocupantes de las propiedades deberán aclarar el “estado de productividad” de las fincas, y descartar cualquier forma de concentración “excesiva” de tierras, según reseñó la estatal Radio Nacional de Venezuela.
Jaua descartó que las intervenciones de algunas tierras hayan respondido a razones políticas y sostuvo que “nadie puede escudarse en su posición de líder político para infringir las leyes”.
Carmen Mendoza, propietaria de una de las fincas que fueron intervenidas en Guárico, denunció que representantes del Instituto Nacional de Tierras (INTI), con el apoyo de guardias nacionales, ingresaron de “de manera brutal” a su propiedad, a la vez que aseguró que sus tierras están en plena producción y que sus títulos de propiedad son legales.
“No nos dejaban pasar a la unidad de producción; sacaron sus armas (los militares)… para amedrentarnos. Quiero decirles que no tenemos miedo y que estamos dispuestos a todo”, dijo Mendoza al canal de noticias Globovisión.
El Instituto Nacional de Tierras y la Guardia Nacional ocuparon en días recientes por lo menos 31 propiedades agrícolas supuestamente “ociosas” en varias provincias del país, incluida una hacienda del líder opositor Manuel Rosales.
Estas acciones forman parte de una política de “recuperación de tierras improductivas” o cuyo título de propiedad no está debidamente comprobado, informó el ministro de Agricultura, Elías Jaua.
En los estados de Zulia, Mérida, Trujillo y Táchira fueron ocupadas 16 fincas que abarcan cerca de 20 mil hectáreas, mientras que en Guárico y Barinas 15 propiedades, lo que representa más de 15 mil hectáreas.
“Estamos dentro de la ley. Nadie podrá escudarse para infringir las leyes de la República”, dijo Jaua, quien anunció que el objetivo del gobierno es recuperar este año 300 mil hectáreas de tierras improductivas.
La agrupación empresarial Fedecámaras, por su parte, acusó al gobierno de llevar a cabo “un atropello” contra los esfuerzos de producción privada, y dijo que los operativos son en realidad “invasiones ilegales”.
“Rechazamos la forma en que el gobierno se ha dedicado a destruir la producción privada, no solamente de los que trabajan en el campo, sino en el sector industrial”, acusó el primer vicepresidente de Fedecámaras, Lope Mendoza.
En tanto, un grupo de trabajadores de industrias mineras y siderúrgicas estatales denunció que la Guardia Nacional ocupó sus instalaciones para evitar protestas motivadas por el retraso en los pagos.
Según los inconformes, los empleados de 15 empresas de aluminio, hierro y acero no han recibido el aguinaldo, y por ello realizaron una huelga de “brazos caídos”.
En otro orden, 16 universitarios continuaron este lunes una huelga de hambre, iniciada el sábado, para exigir que el gobierno de Chávez autorice la visita de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país.
